Tras la reciente votación en el Parlamento Europeo que debilitó la protección del lobo, llega desde Italia una nueva señal de alarma que sacude al movimiento ecologista: la reforma sobre la caza impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni. El Ejecutivo se dispone a presentar ante el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que, según las principales organizaciones italianas de defensa de la fauna, podría desmantelar décadas de conquistas ambientales y suponer el mayor ataque jamás perpetrado contra la fauna silvestre del país.
Una reforma hecha a medida de los lobbies
Según los primeros borradores filtrados, el texto pretende redefinir la caza: de actividad recreativa a herramienta que “contribuye a la protección de la biodiversidad”, obviando los numerosos estudios que documentan los efectos negativos de la caza sobre la conservación de las especies. El proyecto incluye medidas como:
- Ampliación de las zonas de caza, incluso en terrenos públicos como playas, bosques y áreas de dunas;
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Obligación para las regiones de reducir las áreas protegidas si se consideran “excesivas”, con posibilidad de intervención directa por parte del Ministerio de Agricultura;
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Ampliación del número de especies cazables, determinadas por criterios políticos y no científicos;
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Autorización para cazar en terrenos nevados y tras la puesta de sol, aumentando el riesgo para la seguridad pública;
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Reapertura de instalaciones de captura con aves vivas como señuelo, incrementando el número de especies capturables de 7 a 47, lo que favorece el furtivismo y el tráfico ilegal de animales, ya que haría prácticamente imposibles los controles;
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Supresión de límites para la construcción de nuevos puestos de caza fijos y liberalización de la caza en propiedades privadas;
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Permiso para organizar competiciones de caza incluso durante el periodo de nidificación y sin restricciones horarias;
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Emisión de licencias de caza también a ciudadanos extranjeros, sin necesidad de formación previa sobre la legislación italiana;
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Multas de hasta 900 euros para quienes protesten contra la matanza de animales durante actividades de control poblacional, mientras que el régimen sancionador para el furtivismo y el tráfico de especies permanece sin cambios.
Una lista extensa y alarmante que, según las organizaciones animalistas, va mucho más allá de una mera reforma legal: sería una verdadera “privatización de la naturaleza”, entregando el patrimonio faunístico a una minoría, y poniendo en peligro tanto el equilibrio de los ecosistemas como el derecho de la ciudadanía a disfrutar libremente de los espacios naturales.
Una deriva peligrosa y contraria a la ciencia
Esta propuesta legislativa llega en un momento especialmente delicado, con el debate aún abierto sobre la legalidad y las consecuencias del retroceso en la protección del lobo a nivel europeo. La dirección tomada por el Gobierno italiano parece seguir la misma lógica: satisfacer los intereses de una minoría organizada, ignorando los datos científicos, las normativas europeas y la voluntad de una mayoría creciente de ciudadanos que se declara contraria a la caza y favorable a la defensa de la fauna silvestre.
Un llamamiento a la movilización
El punto más crítico, según juristas y ambientalistas, es la privatización implícita de la fauna salvaje: ya no entendida como un bien común que proteger, sino como un recurso explotable en función de los intereses de unos pocos. Un enfoque que entra en conflicto con los principios recogidos en la Constitución italiana, que reconoce la naturaleza como un patrimonio a preservar para las generaciones futuras.
Tal como denuncian las asociaciones animalistas, quienes voten a favor de esta reforma sobre la caza serán responsables de una devastación sin precedentes. Además de constituir un ataque a los animales, representa un atentado directo contra la cultura, el turismo sostenible, la seguridad de la ciudadanía y el derecho a vivir y caminar por la naturaleza sin miedo a los disparos.
Por todo ello, VEGANOK se une al llamamiento de las organizaciones para exigir a todas las fuerzas políticas de la oposición que se movilicen, y pide a los parlamentarios de la mayoría que bloqueen el proyecto de ley antes de que llegue al Parlamento. Una petición que se extiende también a la sociedad civil: comités, investigadores, empresas, excursionistas y ciudadanos comprometidos con el futuro del planeta.
